Auditoría para la prevención del blanqueo de capitales

A los efectos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se entenderá por medios de pago:

• El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
• Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
• Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

En caso de salida o entrada en territorio nacional estarán asimismo sujetos a la obligación de declaración establecida en este artículo los movimientos por importe superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera de efectos negociables al portador, incluidos instrumentos monetarios como los cheques de viaje, instrumentos negociables, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual la titularidad de los mismos se transmita a la entrega, y los instrumentos incompletos, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario.

En su origen, el delito de blanqueo se regula en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, aunque paulatinamente adquiere autonomía y se concibe como un elemento clave para combatir el terrorismo internacional y demás delitos de ámbito supranacional.

A tal fin, la sociedad debe contar con barreras sólidas, globales, no meramente formales, ante los intentos de introducir en el sistema legal fondos vinculados con el delito.

Se trata de un delito de naturaleza económica, cuyo principal incentivo es la obtención de lucro mediante la realización de actividades no legales, con objeto de disfrutar de él, existiendo medidas de distinta naturaleza para hacerle frente -legislativas, administrativas, policiales, judiciales, penales, penitenciarias, entre otras-.

El incumplimiento de las obligaciones sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) está sujeto a un régimen de sanciones administrativas. A estos efectos, la normativa española sigue la Recomendación GAFI nº 35, a su vez incorporada al Derecho de la Unión Europea mediante la Dir (UE) 2015/849, que conmina a los países a establecer un régimen de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, sean penales, civiles o administrativas, dirigidas a sancionar a las personas físicas (naturales) o jurídicas que incumplan con las obligaciones en materia de PBC/FT.

El GAFI, en su Recomendación nº 35, recomienda que las sanciones se apliquen no sólo a las instituciones financieras y a las no financieras, sino también a sus directores y la alta gerencia.

De acuerdo con los informes de la Comisión Europea 26-6-2017 y 24-7-2019 sobre evaluación de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, todos los sectores de la economía son vulnerables al riesgo de infiltración, integración o titularidad por parte de grupos de delincuencia organizada y grupos terroristas.

Los delincuentes utilizan el sistema financiero para introducir sus beneficios ilícitos en los mercados financieros, el capital inmobiliario o la economía legítima de una forma más estructurada que la que se produce con las transacciones financieras anónimas o en efectivo.

Una técnica común empleada por los delincuentes es crear sociedades fantasmas, fideicomisos o estructuras corporativas complicadas para ocultar su identidad. En estos casos, aunque es posible identificar claramente los fondos, se desconoce la identidad del titular real. Este problema generalizado no se limita a jurisdicciones concretas ni a determinados tipos de entidades o instrumentos jurídicos. Los autores del delito utilizan el vehículo más oportuno, sencillo y seguro en función de sus conocimientos especializados, su localización y las prácticas de mercado de su jurisdicción.